Amica Alaya sed magis amica veritas

Esta mañana dos andaluces ilustres y un cántabro ilustrado han seguido criticando el auto del pasado martes. González, Díaz y Pérez han venido a repetirnos que la juez imputa a un grupo de personas honradas, casi todas militantes del PSOE, sin acusarles de ningún delito, que el auto de Alaya "está carente de todo fundamento jurídico". Me he tomado la molestia de releerlo por segunda vez, ¡buf!,  y me temo que los primates socialistas lo único que han ojeado ha sido la consigna que le han remitido desde la cocina del partido.  En el auto se dice que "paralelamente a otras líneas de investigación, el Juzgado en virtud de los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía y del Informe de Fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas, continúa el análisis sobre el uso de las transferencias de financiación a lo largo del periodo investigado para el pago de las ayudas sociolaborales por IFA/IDEA y las consecuencias que dicho procedimiento específico ha tenido, tanto en materia presupuestaria, como en materia de fiscalización y en definitiva, el menoscabo de los fondos públicos que se haya podido producir por la utilización indebida de dicha figura como concepto de financiación". Hasta el más tonto puede entender que la juez está acusando a los responsables políticos de lanzar paletadas de dinero al pozo oscuro de las ayudas sociolaborales, de cebar el fondo de reptiles. Claro que la cocina del PSOE-A de dónde salió la consigna que llevan tres días repitiendo los socialistas está llena de griñaninis. ¿Habrán oído hablar del artículo 432 del Código Penal? ¿Del Código Penal? 

Lo que no me gusta es que este auto haya evidenciado, si no lo estaba ya,  la estrategia de la juez: no imputar a los aforados. Por poner sólo un ejemplo, la juez ha imputado y mandado a la cárcel a Antonio Fernández, consejero de Empleo entre 2004 y 2010, pero no a José Antonio Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004, que es diputado en el Congreso desde 2011. El martes imputó a Magdalena Álvarez y a José Salgueiro, consejeros de  Economía y Hacienda entre 1994 y 2004 y en 2004, respectivamente, pero no a José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2010, que es parlamentario andaluz. Este picoteo de consejeros comienza a resultar vergonzoso. Parafraseando el dicho latino: amica Alaya sed magis amica veritas. 

Todos sabemos lo que pretende Alaya: armar el caso, blindarlo antes de entregarlo a los paniaguados jueces del TSJA o a los meritorios magistrados del Tribunal Supremo. Pero, ¿merece la pena? "Donde esté el cuerpo, allí también se reunirán los buitres."


Código Penal. Artículo 432

1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.

2. Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.

3. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000 euros, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta tres años.


Séptimo gobierno autonómico (29 de abril de 2000)
Presidente: Manuel Chaves González
Consejero de Presidencia: Gaspar Zarrías Arévalo
Consejero de Relaciones Institucionales: Antonio Ortega García
Consejera de Economía y Hacienda: Magdalena Álvarez Arza
Consejero de Gobernación: Alfonso Perales Pizarro
Consejero de Justicia y Administración Pública: Carmen Hermosín Bono
Consejera de Obras Públicas y Transporte: Concepción Gutiérrez del Castillo
Consejero de Turismo y Deporte: José Hurtado Sánchez
Consejero de Agricultura y Pesca: Paulino Plata Cánovas
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico: José Antonio Viera Chacón
Consejera de Educación y Ciencia: Cándida Martínez López
Consejero de Salud: Francisco Vallejo Serrano
Consejera de Cultura: Carmen Calvo Poyato
Consejera de Medio Ambiente: Fuensanta Coves Botella
Consejero de Asuntos Sociales: Isaías Pérez Saldaña

Octavo gobierno autonómico (25 de abril de 2004)
Presidente: Manuel Chaves González
Consejero de la Presidencia: Gaspar Zarrías Arévalo
Consejera de Gobernación: Evangelina Naranjo Márquez
Consejero de Economía y Hacienda: José Antonio Griñán Martínez
Consejera de Justicia y Administración Pública: María José López González
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresas: Francisco Vallejo Serrano
Consejera de Obras Públicas y Transporte: Concepción Gutiérrez del Castillo
Consejero de Empleo: Antonio Fernández García
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte: Paulino Plata Cánovas
Consejero de Agricultura y Pesca: Isaías Pérez Saldaña
Consejera de Salud:María Jesús Montero Cuadrado
Consejera de Educación: Cándida Martínez López
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social: Micaela Navarro Garzón
Consejera de Cultura: Rosario Torres Ruiz
Consejera de Medio Ambiente: Fuensanta Coves Botella